viernes, noviembre 24, 2006

Un Poco en serio. Transparencia de la gestión...

“Tú veías una estatua enorme, de extraordinario brillo y aspecto terrible, que se levantaba delante de ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, las caderas y el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro. Tú estabas mirando la estatua cuando de repente una piedra se desprendió, sin haber sido lanzada por ninguna mano, y vino a chocar contra los pies de hierro y barro de la estatua haciéndola pedazos”.

El concepto de Estado no es un concepto universal, si no que sirve solamente para indicar y describir una forma de ordenamiento político, al cual se le asignan funciones, tales como, tutelar las libertades civiles, personales, políticas y económicas, administrar recursos, etc. Administración que efectúa a través de un mandato emitido por la ciudadanía. Esta responsabilidad de administrar lo público, le asigna la obligación de asegurar que aquello que administra, se haga dentro de parámetros que permitan establecer garantías.

La necesidad de establecer ciertas garantías sobre la cosa administrada, es que impulsa el surgimiento de la transparencia de la gestión, como una herramienta que permite en forma simultánea administrar en forma abierta y clara, y a su vez controlar y garantizar dicha administración. Puesto que, tal como se señaló anteriormente, la transparencia se puede entender, no sólo como un método de trabajo, si no que, además como un valor cultural, o más aún, como una característica asociada al buen gobierno.

La obligación de administrar lo público, establece un nuevo ámbito de relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Este nuevo campo de acción se establece a través del reconocimiento, de que la ciudadanía entrega un mandato de acción al gobierno y a sus instituciones. Esta intrincada red de transacciones, conlleva, necesariamente, a establecer mecanismos que permitan que éstas se lleven a cabo, cumpliendo ciertos parámetros de acción, y que además se puedan entregar resultados medibles, comprobables y evaluables, es decir, que la administración, en cuestión sea capaz de soportar el escrutinio público y que además se asignen responsabilidades concretas en caso de que, la mala o deficiente administración entregue resultados negativos a la ciudadanía.

Esto llevado a un simple ejercicio cotidiano, podría quedar representado en la compra de un electrodoméstico en una casa comercial. El individuo en cuestión, al adquirir el bien, tiene claro su costo, su uso, las garantías que conlleva el producto en caso de falla, y además sabe a quien dirigir su reclamo en caso de que el producto presente deficiencias o bien no quede satisfecho con la compra adquirida. Incluso hoy en día, existe la posibilidad de extender las garantías de uso del producto. Esto que parece tan sencillo es la lógica que debiera imperar a la hora de establecer los parámetros de acción de la administración pública con la ciudadanía, puesto que en definitiva, también se trata de evaluar las diversas transacciones que el gobierno y sus instituciones públicas efectúan con los recursos que administran, a través del mandato que le entrega la ciudadanía.

Al contextualizar la cosa pública, dentro de un ambiente de transacciones, interacciones, costos, beneficios, etc., inmediatamente surge la idea de un contexto deshumanizador o impersonal del Estado y sus organizaciones. La duda que conlleva ese cuestionamiento, es si en realidad, el Estado necesita poseer características de humanidad o de una personalidad específica para funcionar correctamente. Quizás la ficción de que el Estado se encasilla fácilmente con conductas propias de un ser humano, es que se le perdonan las falencias que este pueda presentar en su administración. Esta propia condición de humanidad del Estado y sus instituciones, en un sentido positivista es lo que también permite que, cuando se busca establecer políticas o lineamientos que los estructuren y/o los conformen, no se descuide aquello que se puede definir como el espíritu institucional, el cual busca apuntar al sustento ético y valórico, sobre el cual se deben fundar las organizaciones.

Frente a esto cabe preguntar: ¿Ocurrirá acaso a nuestras instituciones públicas lo mismo que al ídolo de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata… pero cuyos pies eran parte de hierro y parte de barro?, ¿Cómo hacer más sólida la estructura sobre la cual se constituyen hoy nuestras instituciones públicas?. Para responder estás interrogantes, se hace necesario concebir, a la transparencia de la gestión, como una herramienta que permite al mismo tiempo disuadir y sancionar por si misma, los distintos actos que sean percibidos como corruptos o que frente al escrutinio de la opinión pública, carezcan de los elementos necesarios para sustentar instituciones públicas transparentes y probas.

No resulta un elemento menor, concebir a la transparencia de la gestión, como una instancia, que faculta a la ciudadanía, frente a las instituciones públicas y frente a los gobernantes, de exigir conductas probas frente al manejo de la cosa administrada. Puesto que, la transparencia de la gestión, supone una administración de puertas abiertas, en donde la concepción de la integración de la ciudadanía a los procesos de control, le otorga a esta herramienta la calidad en el sentido de lo que Ferreiro ha denominado como “Una formidable eficacia, puesto que produce una multiplicación infinita de los controladores”, ya que la transparencia de la gestión, no radica en el control sólo de las autoridades competentes sino que transforma a la ciudadanía toda, en lo que él define como: “vigías de la ética pública”.

Esta facultad, es la que permite transformar, los pies de barro del ídolo, en hierro firme, puesto que otorga, garantías reales sobre las actuaciones de los gobernantes, reconociendo la actuación real y preponderante que tiene el rol de la ciudadanía en los distintos procesos del quehacer gubernamental, lo que además se traduce, en potenciar los valores que constituyen y conforman un Estado democrático.

Chile es un Estado de derecho, en donde por ende la ley debiera ser representativa de la voluntad popular que se manifiesta a través de los gobernantes. Pero hoy en día, nos enfrentamos a nuevas realidades que apuntan a establecer que no sólo a través de la dictación de leyes o normas, se logra la consecución del bien común, ya que la ley por sí misma ha demostrado no ser suficiente.


Al pensar en una Administración Pública moderna, hay ciertos aspectos que resultan relevantes a la hora de establecer el quehacer administrativo. En primer término se entiende que este quehacer de la Administración se encuentra sustentado en la legitimidad de la autoridad, la cual se encuentra definida y acordada, por cada uno de los componentes del Estado y manifestada a través de los órganos establecidos en el gobierno, y es bajo este marco de relaciones, ya sean políticas y/o sociales, que se permite establecer, los lineamientos que actuarán como el marco regulatorio, del cual participan tanto gobernantes, como gobernados. En segundo término, tenemos lo que se señaló en párrafos anteriores que dice relación con todo aquello que va por sobre la norma y está comprendido, dentro de un marco, que si bien en algunos casos se puede reconocer como legal, apunta más bien a lo valórico y aquello que dice relación con la forma de hacer gobierno.

Dentro de este nuevo ordenamiento y forma de hacer las cosas es que surge la transparencia de la gestión, como una herramienta destinada a construir bajo el alero de lo social y político de los Estados y Gobiernos, instituciones públicas comprometidas con ideales, y principios basados en la ética pública, eficiencia y eficacia de la administración, rendición de cuentas, responsabilidad administrativa, acceso a la información, y participación ciudadana. Estos principios son representativos del fin último de la transparencia, cual es que, a través de la instauración de los mismos es factible establecer instituciones más probas y garantes de los derechos ciudadanos y por ende, frenar la corrupción. Estableciéndose la transparencia como un factor estabilizador y sustentador de la democracia.